Juicio verbal y simplificación procesal (1)

Resumen

El Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2022, tiene por objeto conseguir «una justicia más eficiente, ágil y sostenible». Para alcanzar tales fines, contempla la modificación de diferentes textos normativos, entre los que se encuentra nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. En particular, junto con otras medidas, el legislador propone una serie de cambios respecto al ámbito cuantitativo y cualitativo del juicio verbal, elevando el conocimiento de asuntos por razón de la cuantía a 15.000 euros e incorporando a las materias susceptibles de sustanciarse a través de este procedimiento las relativas a las acciones individuales de condiciones generales de la contratación, la reclamación de cuotas no pagadas de comunidades de propietarios y la acción de división de la cosa común. Igualmente, con idéntica finalidad, prevé una serie de modificaciones en su estructura procedimental que, a nuestro juicio, lejos de alcanzar el objetivo perseguido, le privan de su esencia y lo asemejan, más, si cabe, al procedimiento ordinario. En este contexto, las presentes líneas pretenden analizar, desde una perspectiva crítica, los cambios propuestos, su viabilidad y las ventajas o desventajas que comportan, con el objetivo de concluir si la solución más adecuada, en aras de alcanzar la consecución de los fines enunciados, sería la posible supresión del verbal para la mayoría de los procedimientos existentes, reconduciéndolos a la vía del juicio ordinario, o, por el contrario, sus diferencias estructurales son tan determinantes que hacen necesaria la coexistencia de ambos procedimientos tal y como se encuentran planteados.