La política de modernización del regadío. Efectos sociales y territoriales en la Cuenca del Guadalquivir

Laburpena

En la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, por significación y extensión, la agricultura es la actividad económica con mayor impacto sobre los ecosistemas hídricos. Según el Plan Hidrológico de 2013, en 2015 los usos agrarios suponían el 88% de la demanda total. Al igual que en el resto de España, además de por una presencia histórica, a esta situación se llega por una política hidráulica cuyo principal objetivo ha sido generar recursos hídricos, mediante la financiación pública de infraestructuras de regulación y transporte, para ponerlos a disposición de los sectores productivos, especialmente del regadío. Durante la década de los 90 del pasado siglo el potente sistema hidráulico entró en crisis. Dadas las dificultades para crear nuevas infraestructuras y el rechazo de algunos sectores a continuar con esta política basada en la generación de recursos, al tiempo que los consumos no paraban de crecer, las nuevas propuestas se reorientaron hacia el incremento de la eficiencia y la reducción de la demanda. Esta apuesta por la eficiencia, no es exclusiva de España. Desde finales de los noventa del pasado siglo, y en diferentes contextos geográficos, varios organismos nacionales e internacionales han promovido políticas de incremento de la eficiencia en el regadío como respuesta a los problemas del agua y la agricultura. Mediante la sustitución de las tradicionales redes de canales y acequias por sistemas presurizados, alimentados desde nuevas infraestructuras de regulación, las actuaciones de modernización de regadíos persiguen: reducir pérdidas en el transporte y distribución, superar los rígidos periodos de riego y diversificar y aumentar la producción agrícola. Todo ello gracias a una mayor uniformidad y flexibilidad en la aplicación del agua. En la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir la modernización ha sido especialmente significativa, tanto por la cuantía de la inversión pública realizada como por la extensión de superficie que ha sido modernizada. A pesar de que la modernización ha supuesto una reorientación de la política de aguas, y de la importante inversión pública realizada, esta política pública no ha sido objeto de una evaluación pormenorizada. Las Administraciones han difundido solo algunos aspectos de esta política, fundamentalmente la inversión realizada y, entre los cambios que ha originado en la conducta de los grupos-objetivo, la adopción de nuevas tecnologías para la aplicación del agua. Sin embargo, no se ha analizado, o al menos no se ha difundido, suficientemente el alcance y los efectos de otras variaciones en la conducta de los agricultores como: los cambios en el patrón de cultivo, la extensión de la superficie regada o la concentración de la propiedad. En paralelo, los efectos sobre los recursos hídricos y la rentabilidad de las explotaciones han centrado, en buena medida, el interés de la comunidad científica. Siguen siendo escasos los trabajos sobre las repercusiones de la incorporación de las nuevas tecnologías en aspectos como el empleo, la titularidad de la tierra o su capacidad de fijar población. En este contexto esta investigación tiene un doble objetivo, por un lado, mejorar la comprensión de los efectos territoriales y socioeconómicos de la incorporación de tecnologías más eficientes en los regadíos, y por otro, analizar el grado de consecución de los objetivos formulados en los distintos planes y normativas de fomento de la modernización. Para evaluar los efectos territoriales de esta política sobre la disponibilidad del agua, se ha analizado la evolución de los volúmenes suministrados, las hectáreas regadas y las superficies dedicadas a cada cultivo, en base a los datos suministrados por las Administraciones, las Comunidades de Regantes o por medio del análisis espacial mediante Sistemas de Información Geográfica. Con el objetivo de identificar los cambios propiciados por la modernización de las infraestructuras de riego, se seleccionaron tres Comunidades de Regantes que han transformado su sistema de riego. Las Comunidades están ubicadas en la Cuenca alta, media-baja y baja de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Su evolución ha sido contrastada con otras Comunidades no modernizadas de características físicas, agronómicas y socioeconómicas similares, que han actuado como grupos de control. Por otro lado, se han analizado los efectos socioeconómicos propiciados por las políticas de modernización del regadío a partir del tratamiento y agregación de la evolución de una serie de indicadores sobre dinámica demográfica, mercado laboral, actividad empresarial, renta e impuestos, teniendo en cuenta el desajuste entre la escala de las zonas regables y la disponibilidad de información, en su mayoría a escala municipal. Con este fin se seleccionaron los dos municipios donde se ubican los regadíos modernizados de los casos de estudio de la Cuenca alta y el tramo final del Guadalquivir (Pozo Alcón y Lebrija). Para tratar de discriminar los efectos inducidos por la modernización los datos son comparados con los obtenidos a escala comarcal y, en ocasiones, provincial y regional. La información cuantitativa, ha sido matizada y enriquecida, mediante la realización de diecinueve entrevistas en profundidad, en la que participaron veinte agentes con responsabilidad institucional, en la gestión del riego o en la gestión de empresas y cooperativas. Los resultados más significativos muestran que la modernización ha propiciado, por un lado un aumento de la demanda neta de agua, y por otro, la diversificación y la mejora de la productividad de la agricultura de regadío en el Guadalquivir. Sin embargo, tanto los datos disponibles a escala regional o los desagregados a nivel de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, como los indicadores utilizados en los casos de estudio, no reflejan que se hayan alcanzado los efectos socioeconómicos positivos previstos.