Conflictividad y orden público durante la segunda república en la Región de Murcia (1931-1936)

Resumen

Debemos llenar un vacío historiográfico o analizar temáticas cuyo estudio ha sido condicionado ideológicamente. Necesitamos conocer la calidad democrática del régimen implantado en 1931 y discernir si existió interrelación entre las condiciones de vida y la autoría de delitos o el alcance de la persecución antirreligiosa. Nuestra intención también es reducir nuestro análisis al ámbito regional para conocer si los trastornos ocurridos en España tuvieron distinta repercusión en esta región. Las fuentes jurídicas deben ser transcritas y contrastadas con otras fuentes, especialmente la prensa y la Gaceta de Madrid. Otras fuentes primarias y secundarias son esenciales para la investigación. Su estudio no debe hacerse por separado, sino en conjunto. Por ejemplo, el comentario de las noticias halladas debe realizarse teniendo en cuenta la afinidad ideológica del periódico o la censura de prensa. Las agresiones anticlericales más numerosas fueron los incendios de edificios religiosos. La inmensa mayoría de estos incidentes se concentraron en los meses posteriores a febrero de 1936. No podemos concluir que existiera un comportamiento diferencial en este ámbito en nuestra provincia, aunque la violencia religiosa durante la primavera de 1936 fuese mayor que en otras provincias, dado que gran parte de estos incidentes se concentraron en un período breve y solo en dos localidades. Tampoco hemos hallado pruebas de ningún incidente de este tipo promovido o autorizado por la autoridad. Las procesiones religiosas se celebraron generalmente, salvo casos puntuales en algunos municipios debido a problemas económicos o posibles desórdenes públicos. Además, las congregaciones religiosas en la práctica continuaron ejerciendo la enseñanza gracias a los mecanismos legales. La crisis económica fue uno de los factores de inestabilidad. Podemos deducir mayores índices de desempleo en nuestra provincia debido a la menor productividad de la huerta y a que la crisis económica tuvo incidencia en sectores vulnerables, como el esparto, la construcción o la minería. Los conflictos sociales aumentaron, como la actividad huelguística. La pauta en esta provincia es que todas las insurrecciones promovidas por las organizaciones obreras no tuvieron tanto seguimiento como en otros territorios y en todas ellas las acciones consistieron en coacciones y daños en infraestructuras. La política de cada ejecutivo se distinguió por su arbitrariedad, tomando decisiones para castigar al rival político. Así ocurrió con las destituciones de Ayuntamientos. La represión gubernamental después de la huelga de octubre de 1934 también ha sido estudiada. El Comité Revolucionario de Cieza sufrió un proceso judicial en el que se detuvieron a individuos solo por su simpatía con los sindicatos de izquierda. El rigor de esta represión degeneró después de las elecciones de 1936 en actos de venganza. La actuación de otras formaciones derechistas retroalimentó la espiral de violencia. La violencia ejercida por los elementos socialistas y falangistas fue equiparable. Así mismo debemos resaltar la interrelación entre las distintas categorías de conflictividad, siendo la violencia un proceso transversal No podemos ignorar la contradicción entre las libertades constitucionales de la República y su disfrute práctico. Ciertas personas fueron procesadas por expresiones favorables a la Monarquía. Sin embargo, las causas judiciales demuestran que a los encausados se les permitieron ciertas garantías. Además, las organizaciones derechistas participaron en el proceso político. Existió un vínculo entre las condiciones de vida y la comisión de delitos, ya que gran parte de los encausados fueron jornaleros, una profesión con grandes niveles de miseria. También hemos comprobado una relación entre el sexo de los procesados, su profesión y educación, dato que evidencia que el acceso al trabajo y a la cultura estaba restringido para el género femenino.