El consejo provincial de alicante

Resumen

El trabajo que se propone, titulado “El Consejo provincial de Alicante” realiza una investigación histórico-jurídica sobre la Corporación de la que coge el nombre. Se trata de una Institución, parte de la Administración pública del Estado, cuya existencia vino a coincidir con dos períodos del siglo XIX: un primer ciclo, denominado como “Década Moderada”, que comenzó en 1844 y finalizó en 1854 con la sublevación de julio; y una segunda etapa, que principió en 1856 y concluyó en 1868, con la Revolución Gloriosa. Éste órgano se articuló como el instrumento idóneo para que el Gobierno moderado acometiese la centralización de la Administración territorial. Tanto en la configuración de estos entes como en sus competencias observamos elementos que ayudaron a la consecución de este objetivo. Si bien, es necesario destacar que en la práctica, estas Corporaciones no fueron un mero juguete en manos de la máxima autoridad gubernativa sino que gozaron de una cierta autonomía que les permitió desempeñar un papel relevante en la vida provincial. Más conflictivo, sin embargo, resultó el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Desde el principio se encontraron con la oposición de la doctrina jurídica de la época y de la propia opinión pública al considerarla un elemento pernicioso para el buen funcionamiento de la vida política. Además, en la práctica, el desarrollo de los procesos contenciosos no consiguió evitar los defectos que se atribuían a los juicios ordinarios. La tesis doctoral que se presenta se divide en dos bloques. En el primero, hemos examinado la génesis de la Ciencia de la Administración en España. Hemos consultado la doctrina de la época en torno a cuestiones y axiomas tan relevantes como el propio concepto de Administración pública, la separación de poderes, el centralismo, y la definición de lo contencioso y lo gubernativo. Concluye este capítulo con el estudio de la legislación promulgada entre 1845 y 1868 sobre la organización territorial, su discusión en Cortes, y su reflejo en la sociedad a través de la prensa. La segunda parte, núcleo de nuestra investigación, se centra en la configuración, funcionamiento y competencias del Consejo Provincial de Alicante. En primer lugar, hemos analizado su composición delimitando la figura del Presidente, la de los consejeros de número y supernumerarios, y el resto de personal auxiliar, como el secretario, los oficiales y los ujieres. De todos ellos, hemos observado, entre otros aspectos, los requisitos para su designación, las características de los cargos, así como el perfil de las personas que los ocuparon. Seguidamente se ha indagado el funcionamiento de la Corporación como órgano consultivo, haciendo especial mención al quórum y a la toma de acuerdos. Como Tribunal Contencioso Administrativo, hemos explorado el proceso, abarcando, entre otros aspectos, la legitimación activa, los plazos, así como su tramitación, y la práctica de los distintos tipos de prueba. También ha ocupado nuestra atención en este apartado el contenido de la sentencia, su ejecución y los recursos que podían interponerse contra la misma. Por último, analizamos las distintas facultades, tanto consultivas como contencioso-administrativas del Consejo provincial. En este punto la normativa se caracteriza por su vaguedad, al no identificar los asuntos que debía conocer cuando actuaba como ente asesor de la autoridad superior de la provincia. Este hecho nos ha obligado a examinar la legislación especial, dictada en materias tan dispares como aguas, minas o montes, para determinar el grado de participación del Consejo provincial en estas cuestiones. Una vez conocido el marco teórico, hemos descendido a la praxis institucional del Consejo Provincial de Alicante desde 1845 hasta su disolución durante el estallido de la Revolución Gloriosa. En este sentido se han manejado todas las actas que actualmente se conservan en el Archivo de la Diputación provincial de Alicante, completando éstas con la consulta de centenares de expedientes en materia de expropiaciones, elecciones, autorizaciones para procesar y litigar, quintas, reclamaciones y recursos contra las resoluciones de los alcaldes, arbitrios municipales, cuestiones de competencia o divisiones territoriales. Respecto al ámbito contencioso-administrativo, la tarea heurística ha sido harto complicada. Pese a los esfuerzos realizados no ha sido posible localizar expedientes completos en todas las asuntos que conoció el Consejo alicantino como tribunal contencioso. La gran mayoría de los legajos consultados en este punto se centran en cuestiones vinculadas al uso y aprovechamiento de los bienes comunales. El examen minucioso y detallado de esta documentación nos ha permitido conocer con precisión el funcionamiento y devenir de este tipo de procedimientos.