El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS). Características y asociación con salud

Resumen

OBJETIVOS Describir las características del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el debate sobre sus posibles implicaciones para la salud pública, los compromisos asumidos por España, la intensidad del debate en el parlamento español y determinar la asociación entre la liberalización bajo el AGCS y tres indicadores básicos de salud como la esperanza de vida (EV), mortalidad infantil (MI) y mortalidad materna (MM) en los países pertenecientes a la OMC. CONCLUSIONES No se ha detectado que la adquisición de compromisos bajo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), promueva a nivel global los beneficios en términos de salud, esgrimidos por los organismos financieros internacionales. No obstante, algunas de sus características pueden condicionar la autonomía gubernamental a largo plazo y reducir la capacidad para establecer redes de protección social, en caso de contracciones económicas. Finalmente, en el caso español los compromisos se han asumido con escaso debate político, exigiendo una mayor implicación de los profesionales de la salud pública. Las características del Acuerdo otorgan una amplia capacidad de intervención en la estructura reglamentaria gubernamental. Al momento de su entrada en vigor el AGCS continuaba siendo un acuerdo inacabado que contenía muchas imprecisiones jurídicas que no permitían conocer su total repercusión. Las disciplinas en elaboración pueden representar una amenaza para ciertos sistemas de financiación como los subsidios cruzados o los fondos universales de riesgo, independientemente de la existencia de compromisos. El complejo y costoso proceso de modificación y eliminación de compromisos los hace prácticamente irreversibles, con lo cual bloquean la autonomía política de gobiernos posteriores, impiden restablecer condiciones más favorables para el suministro de servicios fundamentales y consolida la privatización en sus niveles vigentes. Las disciplinas de los compromisos específicos pueden impedir los monopolios y los proveedores exclusivos de servicios, así como el trato diferencial para los proveedores locales. Además, el proceso de negociación se ha desarrollado al margen de la opinión y participación pública. Por otra parte, el acuerdo de España con la OMC tiene muchos aspectos aún por consolidar, lo que abre una oportunidad política para el debate y la participación desde el sector salud en sucesivas rondas de negociación. Los acuerdos multilaterales de bienes y servicios se han adoptado con escaso debate político previo en España, siendo aún menor el debate en torno al acuerdo general de servicios. La toma de decisiones políticas entre los grupos parlamentarios, en torno a estos asuntos fue prácticamente ausente. El amplio espectro de actividades abarcadas por el acuerdo y el impacto probable de sus implicaciones a medio y largo plazo hacen necesario que los representantes del sector sanitario tengan mayor acceso a la información relacionada con las características del acuerdo y sus consecuencias. No son pocas y tampoco superficiales las características del acuerdo que generan incertidumbre, como tampoco es comprensible que la OMC, teniendo en cuenta las repercusiones que puede llegar a tener para la salud de las poblaciones, promueva la adquisición de compromisos al amparo de un acuerdo que está en proceso de elaboración y cuyos antecedentes no han permitido establecer jurisprudencia sobre la interpretación de sus principales normas. Ante la incertidumbre que rodea los efectos de la asunción de compromisos bajo el marco del AGCS, una actitud preventiva frente a éste está amparada por el principio de precaución, el cual requiere que, antes de asumir compromisos, se demuestre que el riesgo implícito es aceptablemente bajo, a la vez que exige una amplia información y participación pública en los procesos de decisión. La liberalización de servicios bajo la OMC no se muestra como un factor determinante para la mejora de la salud de las poblaciones. Esto coincide con una notable parte de la evidencia que cuestiona las tesis promovidas por los organismos financieros, que establecen una relación robusta y favorable entre los procesos de liberalización y el desarrollo económico y social de los países. Por lo anterior, se hace necesario dar prioridad a la creación de políticas que favorezcan el desarrollo y la obtención de beneficios en salud, como prerrequisito para la implementación de los procesos de liberalización. Nuestros resultados respaldan la importancia de las políticas públicas que favorecen la redistribución de la riqueza y el acceso a servicios públicos, como mecanismos para garantizar la equidad en la salud de las poblaciones.