La argumentación jurídica de la democracia en México 1997-2010. El debate actual en el foro judicial

Résumé

El trabajo que se presenta da cuenta de uno de los fenómenos más trascendentes del cambio político en México: la contribución de la función judicial a la instauración de la democracia mexicana. La pertinencia del tema radica en un problema no resuelto en la transición mexicana a la democracia: luego del cambio de gobierno en la presidencia de México en el año 2000 no se han superado por completo ciertos rasgos autoritarios del antiguo régimen, ni tampoco se ha diseñado un nuevo marco normativo e institucional que incentive prácticas propias de democracias consolidadas. En este sentido, la pregunta que guía investigación se circunscribe a conocer ¿en qué casos y con qué argumentos los órganos superiores de control constitucional en México han contribuido o limitado el establecimiento de prácticas democráticas en México. El lector encontrará una descripción de los principales criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral en los que se ha debatido (y decidido) acerca de los contenidos que deben ser «considerados valiosos» para la democracia mexicana. Lo que se examina son las justificaciones, sus acentos, falacias y en general el discurso de la democracia que se construye desde el foro judicial en materia de elecciones (capítulo I), representación política (capitulo II) y deliberación pública (capítulo III). La investigación muestra que la nueva realidad política en México exige un cambio en la comprensión del derecho por parte de sus operadores jurídicos (productores, aplicadores y en general usuarios). Los retos de la transición democrática pasan por superar la visión de un Estado legislativo para asumir la de un Estado Constitucional de derecho. En el discurso jurídico actual, se enfatizan las interpretaciones que valoran una estricta adhesión a la autoridad legislativa, junto con el logro de una justicia resultado de los procedimientos, además de la separación entre elementos jurídicos y morales. En varios de los casos estudiados, la combinación del principio de legalidad, del seguimiento literal de las reglas y de la voluntad del legislador configuran un fuerte argumento de autoridad que desplaza las razones sustantivas que el derecho tendría que proteger. El resultado ha sido un estilo de argumentación judicial centrada en el carácter deductivo de la decisión (en la justificación interna), que elude discutir la pertinencia de las premisas iniciales del razonamiento (la justificación externa). El reto de la justicia constitucional en México está en implementar un modelo de derecho que promueva la institucionalidad democrática. En los tiempos que corren, la única alternativa real de cambio hacia la consolidación de la democracia está en recuperar el derecho para los ciudadanos. En una nueva cultura política que entienda las prácticas jurídicas como instrumento para acercar la vida cotidiana de las personas a los presupuestos de una democracia de calidad. Al mismo tiempo, para erradicar prácticas corruptas heredadas del pasado autoritario. De esto debe tratar un «derecho para la democracia», el cual se hará realidad hasta que los mexicanos se asuman como ciudadanos; esto es, cuando se reconozcan el derecho reciproco a tener derechos.